Lo que se presentó en el Congreso fue un conjunto de medidas que hemos de calificar como ajustes, ya que la reforma fiscal se deja para un momento posterior, sobre todo cuando se conozcan determinados datos macroeconómicos. Por ello, no debedescartarse una subida del IVA o de los Impuestos Especiales, ya que la presión fiscal --cuyo incremento ha negado expresamente el presidente electo-- ha de medirse en su conjunto y no analizando sólo figuras concretas.
Es cierto que es necesario una revisión completa del sistema tributario, reformando, en profundidad, alguna de sus principales figuras, como el Impuesto de Sociedades. También han de evaluarse las posibilidades de reducir las cotizaciones sociales a cambio de subidas en el IVA --lo que se conoce como el IVA social--, como medio para abaratar la contratación y generar empleo. Pero también es verdad que lo anterior requiere de un análisis más sosegado y contando con toda la información y la capacidad técnica del ministerio del ramo.
En todo caso, las medidas concretas que se han anunciado presentan más luces que sombras. Cabe destacar la creación de una cuenta corriente donde se puedan compensar las deudas que mantienen las administraciones con los ciudadanos con las deudas de éstos por pago de impuestos. No parece muy sensato, tal y como ocurre en la actualidad, que los empresarios estén, por un lado, soportando la
morosidad de las administraciones públicas y, por otro, siendo intimados al pago puntual de sus deudas tributarias.
La introducción del criterio de caja en el IVA para autónomos y pymes persigue una finalidad similar, de alivio para la tesorería de las empresas. Ahora bien, es preciso conseguir que ello se produzca con el menor coste posible. De un lado, ya que el criterio de caja rige tanto para el IVA repercutido como para el soportado, por lo que este nuevo método de imputación temporal no debe perjudicar a los empresarios, dependiendo de cuáles sean sus plazos de cobro y pago. De otro lado, porque la comprobación de este impuesto exigirá una verificación de los flujos financieros de las empresas, con el consiguiente aumento de costes indirectos.
Las medidas anunciadas en el Impuesto sobre Sociedades son necesarias. Consisten, básicamente, en una ampliación de los beneficios fiscales, en especial para las pymes. Ello no es más que un reconocimiento de que este tributo es tremendamente injusto, regresivo e ineficiente, con tipos nominales muy altos y unos tipos efectivos superiores para las pymes que para las empresas acogidas a régimen general. Por tanto, la reforma en este tributo pasa por hacerlo más transparente y competitivo, igualar los tipos nominales a los efectivos y conseguir que estos últimos sean más reducidos para las pymes.
En el IRPF parece oportuno incrementar los estímulos a la contratación de planes de pensiones, teniendo en cuenta las dudas que existen sobre la sostenibilidad financiera de nuestro sistema público. Bienvenida es la reintroducción de la deducción por vivienda, siempre que no sea un beneficio que se traslade al precio de la vivienda como ha ocurrido en época de bonanza económica.
Finalmente, la creación de una ayuda de 3.000 euros por la contratación del primer trabajador es un incentivo para nuestro debilitado mercado laboral. Sin embargo, no debe descartarse una reducción de las cotizaciones sociales, financiada con cargo a impuestos indirectos, tal y como se ha expuesto.
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Javier Martín 
