El pasado mes de julio el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio lanzó el Plan VIVE, con el que pretendía favorecer la sustitución de los vehículos más antiguos de nuestro parque automovilístico por otros menos contaminantes y con menor consumo.
El propósito parecía loable, pero las condiciones excesivamente restrictivas para acceder a las ayudas previstas le otorgaban poca viabilidad práctica, como ya denunciamos desde esta misma tribuna.
Al final, muy poco tiempo ha sido necesario para demostrar que no estábamos equivocados con nuestras críticas y apenas unas decenas de vehículos han sido adquiridos con la financiación facilitada por Industria.
Al menos han sabido reconocer rápidamente su error y tan sólo cuatro meses después de su aprobación ya tenemos una reforma que busca, en palabras del Ministerio, incrementar el número de beneficiarios potenciales, dotar de un mayor atractivo y simplificar el plan, así como permitir una mayor flexibilidad para el usuario y una mejor comercialización.
Así, tras transcurrir cien días desde la puesta en marcha efectiva y al evaluar el comportamiento de la medida original, el Gobierno ha aprobado la modificación del Plan diseñado en julio de este año.
Las razones alegadas han sido la rigidez técnica y los problemas de financiación de las entidades de crédito, que se han acentuado en los últimos meses, y que han conducido a que dichas entidades sean más exigentes a la hora de asumir riesgos, circunstancia que ha dificultado el correcto funcionamiento del Plan.
Quizás habría que añadir un mal diseño del instrumento desde el principio