El Colegio de Registradores de la Propiedad ha remitido a la Comisión encargada de reformar la Ley Concursal una propuesta encaminada a ofrecer más garantías a los acuerdos de refinanciación
Las empresas se han centrado demasiado en las obligaciones de documentación en precios de transferencia y han dejado de lado el análisis del fondo económico de las operaciones. Así lo entiende el Tribunal Supremo (TS), en una sentencia que da un toque atención a una empresa que realizó una financiación encubierta, es decir, un préstamo solapado, que debería generar intereses.
El Alto Tribunal entiende que se está tratando de forma diferente a la entidad vinculada y avala la reclamación de la Inspección de casi 796.000 euros.
El pasado mes de julio el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio lanzó el Plan VIVE, con el que pretendía favorecer la sustitución de los vehículos más antiguos de nuestro parque automovilístico por otros menos contaminantes y con menor consumo.
El propósito parecía loable, pero las condiciones excesivamente restrictivas para acceder a las ayudas previstas le otorgaban poca viabilidad práctica, como ya denunciamos desde esta misma tribuna.
Pocas veces una medida económica suscita tanta unanimidad entre los expertos. Más allá del ruido político, la mayor parte de los analistas aboga por elevar el IVA para intentar corregir los fuertes desequilibrios de las cuentas públicas. No lo defienden con entusiasmo, sino como la solución menos dañina en un contexto de penuria fiscal.
Con esa coincidencia como base, casi todos dudan de que éste sea el momento más adecuado para acometer una subida de impuestos, pues el consumo puede resentirse aún más con el encarecimiento de los bienes y servicios.
El PSOE está proponiendo cambios radicales en el mundo empresarial para dar más poder y relevancia a los accionistas, frente a las decisiones de los consejos de administración, a veces monolíticas y/o muy afines al atrincheramiento de la alta dirección de cada compañía.
La inversión en plantas fotovoltaicas sufre un duro revés porque la Dirección General de Tributos entiende que los paneles solares que conforman las instalaciones fotovoltaicas son bienes inmuebles,
lo que significa que las inversiones que se realicen en sociedades de este tipo tendrán que tributar al 7% correspondiente al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) -en algunas autonomías el tipo es de un 6%-.
Este criterio es aplicable a otras instalaciones de energías renovables, como los parques eólicos, según fuentes consultadas.
Las nuevas normas de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) han puesto en la diana a los particulares y a las empresas en la lucha contra el déficit.
Los inspectores de Hacienda del Estado han levantado el hacha de guerra: denunciaron que la vicepresidenta económica, Elena Salgado, les obliga a cerrar las investigaciones antes de tiempo
-En 8 meses y medio en vez de en un año– y con menos recursos, lo que estrecha el cerco de las investigaciones en los pequeños comercios y no en las grandes compañías, mucho más difíciles de vigilar.